Las obras antirriadas son la única garantía ante episodios meteorológicos extremos como el que vivió Valencia el pasado 29 de octubre. Estas infraestructuras, sin embargo, no están en el horizonte del Gobierno de Pedro Sánchez que 4 meses después sigue sin contestar a la petición de la Generalitat para que las ejecute.
El 7 de noviembre, apenas una semana después de la triple riada, el Ejecutivo autonómico cifraba en 2.500 millones de euros las obras de prevención necesarias para que las principales zonas inundables de la provincia dejen de ser tan vulnerables como se demostró en el episodio de gota fría que acabó con la vida de 227 personas.
Sólo obras de reparación
Esa planificación es la única que puede garantizar que a medio plazo las consecuencias de estos eventos –cada vez más frecuentes en el entorno del Mediterráneo– sean tan dañinos para los núcleos de población. Pese a ello, la Confederación Hidrográfica del Júcar sólo mantiene para este año obras de subsanación de todo lo que ya existía con anterioridad al 29 de octubre. No habrá obras nuevas que mejoren los encauzamientos o contribuyan a la laminación de avenidas.
Es más, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (el mismo que llamó para alertar de la posible rotura de la presa de Forata desde Colombia) no ha contestado todavía a la carta que el conseller de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, le envió hace 4 meses.
Ignorar esa petición cargada de argumentos supone congelar esa inversión en seguridad de los valencianos. El ejemplo más claro se ha vivido esta misma semana en la que durante tres días consecutivos –de martes a jueves– se han suspendido actividades al aire libre, colegios, o se ha fomentado el teletrabajo. Y todo se ha hecho por el temor a los efectos de un episodio de lluvias, para nada severo, pero que se podía centrar sobre zonas afectadas y cuyas infraestructuras no soportarían otra gran avenida. De hecho muchos de los trabajos provisionales en pasarelas y caminos rurales se han visto afectados.
Aagesen no recibe a Barrachina
La nueva ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, también ha eludido contestar a la petición de Barrachina para celebrar un encuentro con ella que cursó el pasado 17 de enero (dos meses de silencio).
La congelación por parte del Gobierno de las infraestructuras de protección contra inundaciones supone ahondar en el malestar que ya existe entre la ciudadanía con las istraciones públicas. El plan de la Generalitat es que esas obras se puedan ejecutar en un plazo de 5 años e incluyen nuevos sistemas de seguridad y detección (alerta temprana), limpieza de los cauces, construcción de presas y encauzamientos de barrancos.
El barranco del Poyo
Las principales obras para frenar las avenidas de agua se centran en aumentar la capacidad y conectar el tristemente famoso barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia que requerirá de 300 millones de euros. También la construcción de una presa de laminación en el término de Vilamarxant (cerca de la ciudad de Valencia) sobre el río Turia que tendría un coste de 225 millones de euros.
El barranco dels Frars (en el norte del área metropolitana de la capital del Turia), las mejoras en los márgenes del río Magro, la construcción de una presa en Montesa (220 millones de euros) son otras de las infraestructuras destacadas junto al encauzamiento del río Vaca o el refuerzo del canal Júcar-Turia (más de 500 millones de euros).
El olvido de la Vega Baja
Todas estas actuaciones, y otras muchas como la modernización de las presas existentes, que se remitieron en el documento al Ministerio, han sido congeladas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Mantiene así la misma inacción demostrada en la Vega Baja desde hace 5 años tras el paso de la dana que dejó 6 fallecidos en Orihuela.
En la comarca alicantina son también extremadamente vulnerables a un futuro episodio como el registrado en septiembre de 2019. Allí se han ejecutado obras en el marco de los planes autonómicos de ayuda como la reparación de acequias, azarbes y alcantarillado. Por contra, las fundamentales siguen sin ejecutarse por parte del Gobierno de Sánchez lo que augura a Valencia un futuro complicado.
Las obras de la presa antirriadas de Tabala no se esperan, como mínimo, hasta 2027. La rambla de Abanilla,que va a aumentar la capacidad del canal de derivación ya existente hacia el pantano de Santomera, y la mejora de la desembocadura del río Segura en Guardamar siguen sin plazos.
Así pues, los retrasos en las obras en la comarca de la Vega Baja y la inexistencia de ellas en Valencia sitúan a la población en un elevado grado de desprotección pese a las dos tragedias que han sufrido en el último lustro.
