En estos momentos, dos inquietudes atenazan a los catalanes. Y, según los resultados del último barómetro del CEO —el 'Cis catalán'—, éstas son la dificultad de a la vivienda y la inseguridad ciudadana. No en vano, es sabido que los topes al alquiler no han impedido que los precios del alquiler se hayan disparado un 13,5% y que los planes contra la inseguridad tampoco han evitado que los diez municipios con mayor tasa de robos de España se encuentren en Cataluña, según cifras facilitadas por el Ministerio del Interior. El caso es que, siendo la primera inquietud un terreno en el que la izquierda se siente más cómoda, los socios de Illa en el Parlament se han lanzado a una carrera tratando de capitalizarla ante su electorado.
Siendo así, estos partidos han estado presionando al Ejecutivo para adoptar medidas de corte izquierdista contra la especulación y los abusos cometidos por los propietarios. Esquerra Republicana, el principal socio del Govern —pese a que no haya respaldado las cuentas de Illa y amenace con volver hacer los mismo el año que viene—, llevaba semanas insistiendo en que el régimen sancionador es necesario pero insuficiente, y que debe ponerse coto al alquiler de temporada, fenómeno al que las formaciones a la izquierda del PSC atribuyen gran parte del problema. En este sentido, el Govern ha asumido el redactado de los republicanos para el decreto urgente sobre la materia que se vota hoy en el Parlament, que excluye de la renta temporal cualquier uso que no sea vacacional —vetando, por ejemplo, el alquiler temporal para estudiantes—.
Mientras, los comunes, inmersos en un ciclo electoral declinante tras el papel desempeñado en la alcaldia de Barcelona, llevaron ayer la negociación con el PSC hasta el límite. Para brindar su apoyo al decreto, entre otras peticiones, exigieron blindar los 36.000 pisos de protección oficial existentes hoy en Cataluña para que no puedan terminar en manos privadas. Pero, sobre todo, que la regulación sobre el alquiler de temporada se desplegase con un calendario de aplicación férreo, advirtiendo a los de Illa que, en caso contrario, la legislatura "embarrancaría".
La CUP y los pactos
De su parte, la CUP, en un movimiento insólito en su trayectoria reciente, se avino esta semana a negociar con el PSC su apoyo al decreto —un respaldo que ayer quedó cerrado al incorporar el PSC el deseo de la CUP de aumentar el cuerpo de inspectores de vivienda—. Y ello a pesar de que saludó al actual Ejecutivo como el "más de derechas y españolista de la historia". Este viraje obedece a la voluntad de la CUP, expresada en su proceso de refundación del pasado septiembre, de proyectar una imagen de partido radical pero capaz de alcanzar acuerdos. Sin embargo, otras voces apuntan a que el protagonismo adquirido por los comunes en cuestión tan candente les ha obligado a mover ficha. Sea como sea, las tres formaciones dieron ayer su visto bueno al decreto.
De esta competición por la bandera de la vivienda también dan cuenta las recientes tensiones entre los dos principales sindicatos de inquilinos: el Sindicato de Inquilinas, afín a los comunes; y el Sindicato Socialista de Vivienda, en sintonía con la CUP. Como es sabido, el primero ha adquirido una mayor notoriedad, en parte por la visibilidad de su líder, Carme Arcarazo, cuyo talante y discurso recuerdan a muchos a la joven Colau que se significó frente a los desahucios antes de dar el salto a la política. Una notoriedad que le valió la semana la pulla del más radical Sindicato Socialista, cuya portavoz, Marina Parés, alertó que el objetivo de su grupo consistía en "acabar con el negocio de la vivienda" y no en ser el "trampolín electoral de una nueva Ada Colau".
