El Gobierno aragonés presentó alegaciones al proceso de consulta pública iniciado por el Ministerio de Hacienda sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales para la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas de régimen común, en la que se enmarca la condonación de la deuda anunciada meses atrás por el Ejecutivo central.
El Ejecutivo regional considera que la propuesta, del ministerio de María Jesús Montero, sobre la condonación de la deuda es “arbitraria, discriminatoria y no resuelve los problemas estructurales del actual sistema de financiación autonómica”. El Gobierno de Jorge Azcón reclama un enfoque justo, transparente y alineado con los principios de equidad e igualdad.
Según el Departamento de Hacienda de Aragón, las comunidades afectadas, incluida esta región, recibieron la información con apenas 48 horas de antelación a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero. “No se dio tiempo suficiente para analizar la propuesta ni presentar alternativas. Fue una decisión cerrada, sin verdadera participación”, denuncian desde el Gobierno autonómico.
Además, critican que la metodología empleada por el Ministerio para el reparto de fondos se basa en criterios que, a su juicio, no se corresponden con el objetivo declarado de la medida —aliviar el endeudamiento derivado de la crisis de 2010-2013—. Por el contrario, argumentan que estos criterios favorecen a ciertas comunidades de manera desproporcionada, en detrimento de otras como Aragón.
En este sentido, señalan que los 2.124 millones de euros asignados a Aragón no compensan adecuadamente la deuda acumulada durante los años más críticos de la crisis. “Si se aplicaran indicadores objetivos como el endeudamiento real o la población ajustada, a Aragón le corresponderían 485 millones más”, subraya el Departamento de Hacienda.
El consejero de Hacienda, Interior y istración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, reiteró tras el Consejo de Gobierno del pasado miércoles que la verdadera solución pasa por una reforma profunda del Sistema de Financiación Autonómica, bloqueado desde hace años.
Desde su punto de vista, el Estado debería asumir un mayor esfuerzo financiero para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales. “La condonación, aislada de dicha reforma, no resuelve los problemas de fondo y perpetúa las desigualdades entre comunidades. Además, sus efectos inciden directamente en los recursos disponibles y en la equidad del modelo vigente”, afirman desde la consejería.
Como propuesta alternativa, Aragón plantea además una reestructuración de la deuda a largo plazo, que incluya la ampliación de los plazos de devolución o la reducción de los tipos de interés, con el objetivo de lograr una mejora más sostenible de la carga financiera.
