La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha vuelto a plantear durante la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada esta tarde, la necesidad de incorporar el número de víctimas como un criterio más para la distribución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta propuesta, presentada por el departamento dirigido por Loles López, solicita al Gobierno de España que valore este indicador objetivo, facilitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para hacer más justa la asignación de recursos.
En el encuentro entre el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas se acordó repartir un total de 160 millones de euros destinados a medidas contra la violencia machista incluidas en el Pacto de Estado. De esta cuantía, Andalucía recibirá 24,2 millones en 2025, lo que representa un 15,16% del total, cifra que queda por debajo del 18,5% que supone la población andaluza. Además, la comunidad autónoma contará con otros 2,5 millones destinados a programas y planes específicos para atender a víctimas de violencia de género y violencias sexuales. La iniciativa de la Consejería andaluza no pretende eliminar criterios existentes, sino sumar uno nuevo que hasta ahora no ha sido tenido en cuenta.
Desde la Consejería, liderada por López, se defiende que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es una herramienta fundamental, pero que debe mantenerse flexible y adaptarse a la realidad actual del fenómeno y a las necesidades reales de las víctimas
Desde la Consejería, liderada por López, se defiende que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es una herramienta fundamental, pero que debe mantenerse flexible y adaptarse a la realidad actual del fenómeno y a las necesidades reales de las víctimas. Por ello, se apuesta por un pacto dinámico y actualizado, en línea con la renovación aprobada el pasado mes de febrero, que incorpora medidas contra nuevas formas de violencia machista como la vicaria, digital o económica, demandas que Andalucía ha venido reclamando desde el inicio de la legislatura.
