El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto a poner sobre la mesa la realidad de lo que ocurría en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). El instituto armado expone uno de los casos de mayor clientelismo en la historia reciente de Andalucía y señala a 85 personas que fueron contratadas de forma “arbitraria”.
Tras una denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), dos años después se concluye que el criterio de contratación seguido por la extinta agencia era el de las relaciones personales con familiares, sindicalistas, empresarios y compañeros de partido del PSOE.
El documento, entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, evidencia irregularidades sistemáticas en la contratación de empleados públicos, entre ellos familiares, allegados y cargos orgánicos del Partido Socialista. Según los investigadores, estos s vulneraron los principios fundamentales de igualdad, mérito y capacidad, y se enmarcan dentro de una estructura que operaba como una auténtica “agencia de colocación” al servicio del poder político socialista.
La FAFFE, que dependía de la Consejería de Empleo durante los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía, acogió a casi un centenar de personas en estas condiciones. Entre ellas estaba Carmen Ibanco, esposa del ex secretario general del PSOE-A y actual portavoz del partido en el Senado, Juan Espadas. Ibanco ya ha sido señalada anteriormente por este asunto y llegó a declarar en comisión de investigación.
Un caso significativo
Licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales, Carmen Ibanco fue contratada el 1 de febrero de 2007 como Técnica de nivel E, con un salario de 1.783 euros mensuales. En 2009 fue ascendida a Técnica de nivel D, sin que exista documentación que acredite un concurso interno ni convocatoria pública. Este ascenso le supuso una mejora salarial de más de 8.600 euros entre 2009 y 2011.
El informe detalla cómo su currículum fue enviado directamente al director de Recursos Humanos tan solo seis días después de que se publicara la oferta del puesto, saltándose el procedimiento oficial, que exigía el envío por correo postal. Además, la única prueba realizada fue una entrevista personal, aplicada exclusivamente a los candidatos que finalmente fueron contratados, lo que vulnera los principios de objetividad, transparencia y publicidad en el al empleo público.
Una red de familiares y cargos afines
Ibanco es uno de los nombres señalados en el informe, pero no el único. Otras 84 contrataciones se realizaron bajo los mismos patrones: procesos sin baremación, entrevistas restringidas y uso exclusivo de una base de datos interna que impedía el a los ciudadanos.
El patrón revela un claro nepotismo. En 2003, bajo el mandato de Manuel Chaves, Antonio Torres, exalcalde socialista de Lebrija, fue contratado en la FAFFE durante ocho años, en los que llegó a percibir 360.000 euros. Su incorporación fue gestionada por Fernando Villén, entonces director de la fundación y posteriormente condenado a tres años de prisión. Torres nunca tuvo oficina, y apenas acudía a las instalaciones; según el informe, solo debía presentarse una vez cada 15 días, ya que supuestamente trabajaba desde casa. Ha sido recientemente condenado a devolver el dinero cobrado.
Otros exalcaldes socialistas incluidos en la lista fueron Manuela Romero (Coria del Río), Francisco Aguilera(Montellano) y Santiago Jesús Castro (Espejo, Córdoba), este último actualmente técnico de orientación en el Servicio Andaluz de Empleo.
Los casos de nepotismo se extendían también a los familiares de figuras socialistas. Se enviaban correos al jefe de Recursos Humanos, Antonio Jiménez Cuenca, indicando el nombre del candidato y su parentesco con destacados dirigentes, como el sobrino de Aurora Atoche, diputada durante el gobierno de Chaves, Carmen Mejías, cuñada de Felipe González, o Cristina G., sobrina de Mercedes Rodríguez Piñero. En uno de estos mensajes se le ordenaba directamente: “Destruye el correo después de que lo hayas utilizado”.
Contrataciones oportunistas antes del cierre
Entre los beneficiarios también figuró Eduardo Cabeza, exconcejal del PP en Camas, contratado en la FAFFE apenas un mes y medio después de apoyar una moción de censura que devolvió la alcaldía al PSOE. O incluso una sobrina de Cándido Méndez, histórico líder de UGT.
La mayoría de estas contrataciones se realizaron en octubre de 2010, solo unos meses antes de la disolución formal de la FAFFE. El objetivo, según la UCO, era incorporar a estas personas para que, al integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), consolidaran su situación. Hoy en día, 482 de esos trabajadores siguen en la istración pública, muchos con plaza fija tras procesos de estabilización muy cuestionados por los sindicatos.
Posibles delitos
El nuevo informe de la UCO no descarta que estas prácticas puedan constituir delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. La investigación además coincide con otros escándalos de ámbito nacional que afectan al PSOE, como las filtraciones de audios de Leire Díez, militante socialista y presunta responsable de maniobras para desacreditar a la propia Guardia Civil.
Ahora será el juez José Ignacio Vilaplana, al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, quien deberá valorar si hay base suficiente para imputar a los responsables de estas contrataciones irregulares.
