Los objetivos de inversión pública en vivienda que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ante la Conferencia de Presidentes de este viernes en Barcelona parecen albergar la intención de poner al Partido Popular en un brete ante un tema más que sensible electoralmente.
La realidad es que el presupuesto para el nuevo Plan Estatal de Vivienda de 7.000 millones que el equipo de comunicacion del Gobierno difundió en plena tormenta mediática por la rueda de prensa de la conocida como ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, entronca con las pretensiones para la solución del problema de la vivienda que elevó hace unas semanas a Moncloa la propia ‘patronal’ del sector promotor, la Asociación de Promotores Constructores de España.
La entidad que encabeza el líder de los promotores de Cataluña y excandidato a presidente del FC Barcelona Xavier Vilajoana trasladó al Gobierno unas proyecciones de inversión pública necesarias para compensar la demanda de vivienda insatisfecha que parecen haber tenido respuesta de parte del Ejecutivo. Y ello en el marco de los conversaciones para el nuevo Plan Estatal 2026-2030, el principal mecanismo de inversión del sector público en el residencial que deben acordar Gobierno y comunidades y cuyos recursos, bajo la propuesta de Moncloa que empezará a discutirse este viernes, se triplicarían desde los 2.300 millones actuales.
"La Asociación de Promotores Constructores de España considera la propuesta de Acuerdo Estatal para la Vivienda enviada por el presidente del Gobierno a los presidentes de las Comunidades Autónomas como un paso necesario para incrementar el parque de viviendas en España", han señalado desde APCE. Lo hacen tras haber planteado que la falta de presupuesto del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 ha contribuido a un desfase entre la demanda y la oferta de vivienda de 332.000 unidades.
Hay una parte del sector promotor -que no del inmobiliario en general- que agradece que en la agenda política ya parezca casi incuestionable la necesidad de una mayor inversión pública en vivienda, según se desprende de lo que trasladan a este medio varios empresarios del sector.
"La construcción de viviendas -ya sean libres, asequibles o de protección oficial- es una actividad intensiva en capital, por lo que es necesario que tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas hagan un esfuerzo presupuestario para triplicar la inversión pública (7.000 millones de euros) para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 estableciendo líneas de financiación y ayudas de calado a la VPO, que soporta los mismos costes de construcción que la vivienda libre", han reivindicado desde la APCEspaña.
El presupuesto requerido...pero con estrictas condiciones y un órdago político
Con todo, desde el foro de grandes empresarios del sector se traslada también la percepción, a raíz de las condiciones que ha puesto el Gobierno, de "un claro sesgo político para echar un órdago a la comunidades del PP" y, "sobre todo, a la Comunidad de Madrid", posicionada en estos momentos como el destino de más del 70% de la inversión internacional hacia España.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha condicionado su disposición a aportar hasta 4.000 de los 7.000 millones de inversión planteados en el nuevo Plan Estatal de Vivienda a que las comunidades actúen con la "responsabilidad” que les toca. Grosso modo, les exigiría blindar para siempre la protección pública de las viviendas que se promuevan, algo que chocaría frontalmente con el espíritu de las políticas de vivienda de las regiones lideradas por gobiernos populares, como Madrid, Andalucía o Valencia, así como con las propuestas en la materia del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.
"Desde la Comunidad de Madrid no vamos a adherirnos a una propuesta que nos parece improvisada, que no se basa en un debate previo que debería haberse producido en la Conferencia Sectorial de Vivienda, y que se nos comunica por carta 48 horas antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes. Y que no solo carece de planificación y respaldo presupuestario, sino que además vulnera claramente la distribución competencial establecida en nuestra Constitución", ha contestado ya en una misiva a Pedro Sánchez la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Tu propuesta habla de triplicar la inversión en vivienda sin explicar de dónde saldrán esos fondos ni qué criterios se aplicarán para su distribución. Sin Presupuestos Generales del Estado aprobados ni una hoja de ruta clara, ese compromiso carece de respaldo real. Sin olvidar que, además, de las partidas destinadas a las políticas de vivienda, habéis dejado sin ejecutar más del 60%. Así pues, no es creíble tu ofrecimiento de triplicar la inversión en vivienda, habida cuenta de los antecedentes de vuestros anteriores anuncios relativos a la construcción de 184.000 viviendas o la empresa pública de vivienda", señalaba en su extensa carta la presidenta madrileña, reivindicando también la necesidad de derogar la Ley de Vivienda aprobada en 2023 por este mismo Gobierno que se ha visto sucedida de una caída de la oferta residencial superior al 20% según portales privados -a los que el Ejecutivo pretende 'reemplazar' con una nueva base de datos pública-.
"La dotación debe ser para vivienda protegida (privada-publica) no pública", señala por su parte el director general de la Asociación de Promotores de Madrid, Jorge Ginés
"Muchas condiciones y pocas soluciones", han contestado a Sánchez por su parte desde la Junta de Andalucía que lidera el popular Juanma Moreno, afeando al Gobierno central la gestión de las propuestas y el escaso margen de tiempo que se ha dado a las CCAA antes de la Conferencia de este viernes. El objetivo de Moncloa, aseguran desde el Ejecutivo, es que el nuevo Plan Estatal de Vivienda se defina antes de verano.
Dudas en los promotores
La nueva imposición de un régimen de protección perenne para las viviendas que se impulsen alrededor del Plan Estatal, sean de promoción pública o privada, reviste una iniciativa que puede chocar también con el margen de maniobra de no pocos promotores, en especial de los que más capitalizan en estos momentos en los mercados.
"Dejar fuera de los Planes Estatales de Vivienda a la VPO de iniciativa privada es reducir sustancialmente su efectividad para incrementar el parque de viviendas, y eso es algo que no nos podemos permitir en absoluto", ha enunciado el propio presidente de APCEspaña.
"La Asociación (APCE) considera que si se quiere construir protección oficial es imprescindible aflorar y agilizar la transformación urbanística de suelos, contar con dotación presupuestaria para la transformación de suelo (a urbano y urbanizable), e incrementar la edificabilidad en las promociones de VPO que se proyecten en los próximos 10-15 años. Así, entienden, se consigue más vivienda asequible y de una forma más ágil", han añadido desde la Asociación en un comunicado difundido este jueves que ha llamado también a PSOE y PP a desatascar la Ley del Sueño.
"La dotación de fondos debe ser para vivienda protegida (privada-publica), no pública", afirma por su parte el director general de la Asociación de Promotores de Madrid, Jorge Ginés, remarcando que "las istraciones Públicas no tienen capacidad productiva" para generar las viviendas necesarias.
"Tenemos que recordar que de la infraestructura de vivienda asequible en España, más del 90% ha sido construida por el sector privado", incide, esgrimiendo asimismo que la cifra de 4.000 millones -la aportación del Gobierno central- seguría siendo "una inversión muy escasa para el reto que tenemos de accesibilidad a la vivienda, ya que tenemos que tener en cuenta que es tan solo un 0,17% del PIB: 4.000 millones en cuatro años, lo que supone 1.000M al año, frente a los 578.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado".
