El Gobierno ha pagado por primera vez un laudo por la larga guerra judicial que mantienen fondos y empresas contra el Estado. Esa batalla arrancó durante el mandato de Mariano Rajoy, tras el recorte aplicado a la retribución de las energías renovables.
El Estado ha decidido abonar íntegramente un laudo dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation. El Ejecutivo logra así evitar un posible embargo de bienes estatales en Estados Unidos.
La decisión de proceder al pago de la condena dictada por el tribunal de arbitraje del Banco Mundial supone un punto de inflexión, en la medida en que pone fin a años de bloqueo y abre la puerta a una dinámica más constructiva entre España y los acreedores. El laudo, gestionado por el fondo Blasket Renewable Investments, fue llevado a los tribunales de Estados Unidos por parte del bufete Gibson Dunn, que presentó la debida documentación para acreditar que la sentencia no había sido cumplida y, por tanto, España había incurrido en una situación de impago e incumplimiento.
"El registro del laudo podría haber abierto la puerta al embargo de bienes del Reino, pero el acuerdo alcanzado entre las partes evitará tal escenario y pone fin a la disputa", recuerdan fuentes conocedoras del caso.
Hay 26 laudos pendientes de pago
Se trata del primer pago realizado por el Reino de España en relación con los numerosos laudos internacionales derivados del recorte retroactivo a las primas renovables practicado por sucesivos gobiernos entre 2010 y 2014. La primera denuncia ante el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, se produjo hace ahora catorce años. Ahora que el caso JGC ha quedado resuelto, hay otros 26 laudos pendientes de pago.
La larga batalla de laudos por las renovables elevó al Estado español a lo más alto del 'podio' de morosos internacionales, por encima de Venezuela. Ese ránking lo mide el Índice de Cumplimiento de Laudos Internacionales, elaborado por el jurista y académico holandés Nikos Lavranos. El indicador está sirviendo a las 'víctimas' de los impagos para presionar al Gobierno español y a las autoridades europeas. España debe a sus acreedores 1.562 millones de euros en indemnizaciones y enfrenta sobrecostes financieros y legales por 326 millones adicionales.
fausto
05/06/2025 11:32
Nacionalícense los parques eólicos