Voces del TC critican "el régimen impuesto" por la mayoría de Pumpido para blindar la amnistía

El borrador de la sentencia que avala la ley de amnistía elaborado por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, era "completamente predecible" y ha despertado críticas nada más conocer su contenido. Tanto, que incluso algunas fuentes jurídicas consultadas han señalado que "nadie en España se pensaba que la respuesta iba a ser otra". El debate se abrirá en el Pleno del 10 de junio, aunque las deliberaciones arrancarán el día 24.

Cabe recordar que en este debate no participarán los 12 magistrados. Y es que, no estará ni Juan Carlos Campo, que solicitó abstenerse porque, en su época como ministro de Justicia, manifestó en los indultos de los líderes del 'procés' que la amnistía era "claramente inconstitucional" ni José María Macías. Este último fue recusado a petición de la Fiscalía porque, en su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se pronunció en textos "con valor institucional", algo que podría afectar a su imparcialidad.

Precisamente, con estas salidas, la Corte de Garantías queda formada por 6 magistrados denominados progresistas, y 4 conservadores, por lo que previsiblemente la norma promulgada por un pacto que Junts y el PSOE llevaron a cabo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez saldrá adelante. La sensación estos días en el Tribunal Constitucional es de malestar porque el presidente Cándido Cnde Pumpido ha hecho suya la ponencia, que ya tiene los votos.

Es más, todos los letrados que forman parte del grupo de trabajo que se ha creado para elaborar el borrador, un total de 6, están adscritos a los magistrados denominados progresistas. Están, por un lado, el vicesecretario de la Corte de Garantías, Juan Carlos Duque, dos de Cándido Conde-Pumpido, uno de Ramón Sáez Valcárcel y otro de Juan Carlos Campo, concretan otras fuentes. Por lo que la sensación es que "hay un régimen impuesto por la mayoría que aplasta con sus votos", señalan los más críticos. En este sentido, también han apuntado que la ponencia que da respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP señale que el legislador puede hacer todo aquello que la Constitución no prohíba ya que, si no lo incluye, "será por algo".

En lo que respecta al contenido del borrador de la sentencia, la vicepresidenta considera que tiene encaje en la Carta Magna y resalta que "el pluralismo político y la libertad de configuración del autor de la ley son bienes constitucionales que se deben proteger". En este sentido, el texto explica que no es competencia del Tribunal Constitucional hacer un juicio de valor "acerca de si la regulación adoptada es o no la más oportuna". Por otro lado, Montalbán señala que el argumento del PP en el que manifiesta que la amnistía es contraria a la Constitución porque vulnera el artículo 24 carece de "todo soporte argumental". 

El Supremo continúa con sus planes

E incluso en los casi 200 folios de extensión del borrador de la magistrada se hace alusión a la aprobación de la Ley de Amnistía de 1977 con la que se logró liberar a los presos políticos de la dictadura y cerrar las causas abiertas por delitos políticos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976. Pero sustenta parte de este análisis sobre dos sentencias que disponen sobre un momento histórico diferente al que se inició con el 'procés'.

Este borrador, como comentó Vozpópuli, tampoco cambia los planes del Tribunal Supremo, que señalan que tienen convencimiento jurídico de que es inconstitucional, tal y como ya expresaron en la cuestión de inconstitucionalidad que la Corte de Garantías tiene que resolver próximamente. Un texto en el que, además, no se aborda el delito de malversación de caudales públicos, que es el que precisamente afecta a 'cabecillas del procés' como, por ejemplo, Carles Puigdemont, huido de la Justicia desde 2017 y sobre el que pesa una orden de detención desde hace años. 

Sin embargo, fuentes consultadas detallan que, aunque la amnistía se avale, el magistrado Pablo Llarena mantendrá la orden de detención contra Puigdemont y de los exconsejeros catalanes Toni Comín y Lluis Puig, así como las penas de inhabilitación de Oriol Junqueras y otros condenados por el 'procés', que llegan hasta 2031. Pues la amnistía no es aplicable a la malversación que cometió. 

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