El Tribunal Constitucional (TC) acaba de cerrar definitivamente la puerta a que el magistrado José María Macías pueda participar en la deliberación de la ley de amnistía impulsada por los socialistas. La Corte de Garantías dirigida por el presidente Cándido Conde-Pumpido ha desestimado el recurso de súplica presentado por el PP y por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas de Madrid, Islas Baleares, Región de Murcia, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Galicia, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Andalucía, que se mostraron disconformes con la decisión de recusarle.
En concreto, recurrieron el auto que el TC emitió el pasado 29 de enero, en el que decidieron apartar a este magistrado del conocimiento de 16 recursos de inconstitucionalidad y 4 cuestiones de inconstitucionalidad al considerar que, en su época como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se había pronunciado en dos ocasiones en textos con “valor institucional” sobre la citada ley, lo que le contaminaría a la hora de participar en las deliberaciones.
Tras este frenazo, los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado voto particular. Para los populares, la decisión tomada por la Corte de Garantías era un "atropello al derecho de las partes personas a un proceso justo y equitativo".
La ausencia de Macías en este debate no será la única. El magistrado Juan Carlos Campo también decidió abstenerse porque, cuando era ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez entre enero de 2020 y julio de 2021 declaró que tal ley era “claramente inconstitucional” en los informes a favor de indultar a los condenados por el ‘procés’.
Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli han señalado que la recusación de Macías responde a una estrategia para evitar que el voto de calidad del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, sea señalado. Una recusación que, según explican, no habría tenido lugar si Campo no se hubiese apartado.
Sobre la la sentencia de la amnistía
Los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han pedido este lunes al Tribunal Constitucional dirigido por Cándido Conde-Pumpido que frene la tramitación de la ley de amnistía hasta que no se pronuncie Europa.
Según el documento al que ha tenido Vozpópuli, avanzado por El Mundo, estos tres magistrados del ala conservador han solicitado, al amparo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que se incluya en el orden del día del próximo Pleno un debate sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial a Luxemburgo o, en su caso, suspender la deliberación, votación y fallo del primer recurso de inconstitucionalidad hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las cuestiones presentadas por órganos nacionales. Cabe recordar que el primer recurso que la Corte de Garantías iba a estudiar era el impulsado por el PP.
El borrador de la ley de amnistía estaba afrontando su recta final y estaba previsto llevarlo a Pleno para el próximo mes de junio, pero esta petición puede ralentizar el proceso.
aherraiz
13/05/2025 20:38
No le llamen Tribunal Constitucional llámenle Delegados de Sanchez
Pontevedresa
13/05/2025 21:07
Espero que la vida le devuelva a este fantoche todo el mal que él esta causando a la Justicia española, cuando él no forma parte del Poder Judicial, intentando puentear nada menos que al Tribunal Supremo.