El Gobierno se predispone a emprender la mayor reforma judicial de los últimos 40 años. Así ha presentado este martes Félix Bolaños los planes del Ejecutivo para con el a la carrera judicial y fiscal y la reforma del Estatuto de Orgánico del Ministerio Público que serán desglosados en dos textos legislativos que deberán pasar el escrutinio de las Cortes.
Entre los puntos claves de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que Moncloa pretende llevar al Congreso de los Diputados este verano, los de Pedro Sánchez pretenden trasladar la instrucción de los procesos penales a los fiscales. Se trata de una reclamación histórica de las asociaciones de fiscales que, ahora, defienden que el momento elegido no es el más propicio, puesto que la independencia y la imagen del Ministerio Público están en tela de juicio.
La imputación del máximo representante de la institución, y su negativa a cesar en el cargo, han puesto en pie de guerra a la mayoría de la carrera fiscal que exigen su salida. El pasado mes de enero, 13 fiscales de la Junta de Fiscales de Sala pidieron su dimisión en una carta dirigida al propio Álvaro García Ortiz. Diversas fuentes fiscales critican que permanezca al frente del Ministerio Público, puesto que la fiscal que lleva su caso depende directamente de él, así como otros nombramientos debido al carácter jerárquico de la Fiscalía. Por esta y otras razones, las asociaciones de fiscales defienden la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar a la institución de una mayor independencia organizativa y presupuestaria antes de asumir la instrucción de las causas penales.
Asimismo, las asociaciones lamentan que el Gobierno no quiera aprovechar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner límites a la figura del fiscal general del Estado, y establecer por ley que el máximo representante del Ministerio Público deba cesar en su cargo si este es imputado por el Tribunal Supremo. Cabe recordar que el alto tribunal dirige contra García Ortiz una causa por un presunto delito de revelación de secretos. El juez Ángel Hurtado ve indicios de que el jefe de la Fiscalía tuvo un papel principal en la filtración del correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso. El instructor atribuye al FGE la dirección de "una operación coordinada" para filtrar a la prensa información confidencial de Alberto González Amador.
García Ortiz al borde del banquillo
Este mismo martes, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce como acusación popular en esta causa, ha remitido al Tribunal Supremo un escrito mediante el que pide procesar al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid por un delito de prevaricación istrativa. Solicitan al juez que emita un auto de procedimiento abreviado al considerar que la instrucción ya está concluida, después de que la UCO constatara hace unas semanas que ni Whatsapp ni Google han podido recuperar los mensajes o correos electrónicos borrados por García Ortiz.
No obstante, las evidencias recogidas en los informes de la Guardia Civil y las testificales practicadas a varios de los protagonistas apuntalan la batería de indicios contra el principal investigado, según defiende la acusación. Por el momento, el juez tendrá que esperar a escuchar la declaración del novio de Ayuso.
Este escenario ha propiciado que la imagen de la Fiscalía se vea dañada, lo que dificulta que la ciudadanía pueda confiar en la Fiscalía para que asuma la instrucción de las causas judiciales. A esto se suma la dependencia con el Gobierno y que el jefe del Ministerio Público siga siendo designado a dedo por Ejecutivo.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aclarado, no obstante, que la reforma aprobada este martes por el Consejo de Ministros no entrará en vigor hasta el año 2028. En consecuencia, no afectará al actual fiscal general del Estado. De esta manera, Félix Bolaños ha querido desvincular a García Ortiz de la iniciativa del Ejecutivo para alargar a cinco años el mandato del máximo representante del Ministerio Público.
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