La fractura interna que existe en el Tribunal Constitucional ha dejado de ser un pulso entre el bloque denominado conservador y el progresista. Ahora, también sacude al círculo más próximo al presidente Cándido Conde-Pumpido, que no ha logrado reconducir las discrepancias entre sus afines en la primera deliberación sobre la 'Ley Trans', una norma aprobada hace dos años e impulsada por la exministra de Igualdad, Irene Montero.
El recurso de inconstitucionalidad promovido por el Partido Popular está causando grandes quebraderos de cabeza a los magistrados de la corte de garantías, ya que la ponencia de Juan Carlos Campo no ha recibido los suficientes apoyos. Su borrador avalaba prácticamente todos los aspectos principales fundamentales de la norma, pero discrepaba en artículos menores relevantes, por lo que iba a ser una estimación parcial.
"La deliberación ha concluido y su tesis no ha prosperado", por lo que "ha decidido retirar la ponencia para estudiarla y traer otra nueva", explican fuentes consultadas a Vozpópuli. De modo que ha pospuesto sine die la sentencia sobre la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. "Todos contábamos con que no se votaba", detallan fuentes internas.
Esta primera toma de o arrancó el martes y se alargó hasta el miércoles. En estas dos sesiones el exministro socialista defendió su postura y escuchó a sus compañeros. Pero ni el bloque conservador, ni las magistradas Inmaculada Montalbán (vicepresidenta) ni María Luisa Balaguer, ambas del sector progresista, no estaban conformes con el borrador de la sentencia.
La decisión de la 'Ley Trans', aplazada
Por lo que, como el consenso brillaba por su ausencia, la decisión sobre esta ley ha quedado aplazada sine die. Según explican fuentes consultadas, el ponente es la persona que decide si se vota, o no. "Si no sale adelante, el ponente tiene dos opciones, aceptar lo que dice la mayoría y formular, por tanto, una nueva ponencia con un voto discrepante o, si ve que las modificaciones son muy sustanciales, accede para que uno de la mayoría haga la sentencia". El principal obstáculo que enfrenta la ley es la autodeterminación de género, una cuestión que ya generó controversia durante su tramitación.
Los populares han recurrido diversos artículos de la norma. El primero de ellos, el 19.2, que permite la modificación genital de personas de entre 12 y 16 años cuando lo solicite el propio menor y "siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada".
Otro de los puntos que el PP también ha recurrido ha sido el artículo 44, en concreto, los apartados 3 y 9, que permite que los menores puedan modificar su apariencia o función corporal "a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole" sin necesidad de presentar de forma obligatoria un informe médico o ir al psicólogo.
También ha sido criticado el artículo 47, que establece que "transcurridos seis meses desde la inscripción en el Registro Civil de la rectificación de la mención registral relativa al sexo, las personas que hubieran promovido dicha rectificación podrán recuperar la mención registral del sexo que figuraba previamente".
Este "roce" interno evidencia una vez más la tensión interna que existe desde hace meses en la Corte de Garantías, algo que no sólo queda entre los pasillos de la sede situada en la calle de Domenico Scarlatti, sino que también se aprecia en autos y sentencias, donde Pumpido está "fracasando a la hora de gestionar los consensos", detallan fuentes jurídicas.
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