Desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, al menos 118 vuelos con origen en Londres y destino Gibraltar han tenido que ser desviados al aeropuerto de Málaga por las condiciones meteorológicas u otras causas que inhabilitaban el aeródromo gibraltareño. Esta cifra no estaría bajo el punto de mira salvo por los casos que se han registrado de pasajeros de países ajenos a la UE, como Rusia, que se han extraviado cuando iban a ser trasladados al Peñón.
El aeropuerto de Málaga es la principal vía de escape para los vuelos regulares entre Londres y Gibraltar de compañías como British Airways o EasyJet cuando no pueden tomar tierra en la colonia británica. Esto ocurrió, por ejemplo, entre los días 4 y 9 de marzo, cuando el temporal azotaba el Estrecho. El repentino cambio de destino provoca un problema fronterizo: ciudadanos británicos y de otros países extracomunitarios aterrizan en suelo español, es decir, en espacio Schengen, lo que obliga a las autoridades a maniobrar para no incumplir la normativa de fronteras.
Pero estos desvíos también están provocando una brecha de seguridad. Según ha podido saber Vozpópuli, un vuelo procedente de Londres fue autorizado para aterrizar en Málaga el pasado 26 de enero. A bordo viajaban varios pasajeros extracomunitarios, quienes fueron agrupados y trasladados a un autobús para llevarles al Peñón por carretera. A la llegada, las autoridades se percataron de que una decena de pasajeros se habían extraviado al no personarse en el puesto de La Línea de la Concepción para entrar en la colonia. Cinco eran de nacionalidad rusa y los cinco restantes no pudieron ser identificados.
Al parecer, no es la primera fuga de pasajeros que aprovechan los cambios de ruta para permanecer en territorio español y de la UE. Por ello, el PP formuló al Gobierno una pregunta parlamentaria sobre estos vuelos a Gibraltar que acaban tomando tierra en la Costa del Sol. En su respuesta, a la que ha tenido Vozpópuli, el Ministerio del Interior contabiliza un total de 118 vuelos desviados al aeropuerto de Málaga desde Londres entre el 1 de enero de 2021 y el 20 de febrero de este año. Esta cifra habría aumentado después de esa fecha, ya que al menos se contabilizaron otros nueve cambios de ruta entre los días 4 y 9 de marzo.
El Gobierno asegura que cumple la normativa
Pese a que hay constancia de varios extravíos de pasajeros, el Gobierno de Pedro Sánchez asegura en su escrito que el aeropuerto de Málaga "cumple con todos los requisitos establecidos en los controles de fronteras Schengen". Detalla que cuando hay un vuelo a Gibraltar que se desvía a la Costa del Sol, la Policía Nacional realiza un "control preliminar a pie de avión" de los pasajeros "para determinar los requisitos para entrar en territorio español". Sobre los ciudadanos extracomunitarios, Interior afirma que los presenta en "primera línea de frontera" y les realiza una inspección para comprobar que porten los "documentos de viaje correspondientes", ya sean billetes de avión o de otro medio de transporte, a fin de "cercionarse de que efectivamente se dirigen a Gibraltar". Una vez confirmado, se solicita a la Unidad Central de Fronteras, "si es necesario, la autorización para emitir una autorización excepcional de entrada o un visado en frontera, según lo requiera la nacionalidad, ambos por el mismo tiempo indispensable".
En el caso de que se detecte un pasajero que no cumple con los requisitos para entrar en España, "sea cual sea su nacionalidad", el Ejecutivo subraya que le deniega la entrada y no cabe por normativa la emisión de una autorización excepcional. Aunque el Ejecutivo asevere que no se está cometiendo ninguna irregularidad, el propio inspector jefe de la Policía que estaba al mando del paso fronterizo de la Verja ha venido denunciando de forma interna la entrada irregular de ciudadanos extracomunitarios no británicos en territorio español aprovechando los desvíos de vuelos a Málaga. Cabe recordar que este mando fue apartado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por exigir que se sellaran en la frontera los pasaportes de los gibraltareños, tal y como exige la normativa de la UE.
