Las Zonas de Bajas Emisiones siguen siendo motivo de un profundo debate en la sociedad española actual. Aunque disfrazada de mandato europeo, esta imposición vehicular afecta a millones de personas en todo el país. Las etiquetas condenan a cientos de miles de coches a un ostracismo temprano, impidiendo a sus dueños renovarlo por falta de medios económicos.
En las principales ciudades, los ayuntamientos no han tenido otra que acabar 'tragando', aunque ha habido múltiples recursos en los diferentes tribunales de Justicia para analizar el desmedido impacto en la población. El caso más reciente, el de Madrid. Donde una mala ordenanza de movilidad del Ayuntamiento acabó en un tirón de orejas por parte del TSJM.
Sin embargo, hay municipios que se niegan a acatar de forma sectaria esta normativa sin pelear. Son nueve ciudades, ya que hay que tener más de 50.000 habitantes para que te obliguen a instaurar las ZBE, las que se han puesto en rebeldía contra un Gobierno central que se empeña en señalarlos.
Nueve ciudades se rebelan contra el Gobierno
Un total de nueve ciudades de más de 50.000 habitantes aún no han iniciado los trámites para implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que limitan el tráfico de vehículos para reducir la contaminación atmosférica en los centros urbanos.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de 2021, obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a poner en marcha zonas de bajas emisiones antes de 2023, lo que afecta actualmente a 153 localidades y 11 islas.
En esa relación ha entrado Adeje (Tenerife), que no estaba el año pasado, según informaron a la agencia Servimedia fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Pues bien, nueve municipios (Adeje, Arganda del Rey, Arona, El Puerto de Santa María, Ferrol, Orihuela, Sanlúcar de Barrameda, Telde y Valdemoro) aún no han comenzado con los trámites para decretar zonas de bajas emisiones, lo que supone un 5,9% de las localidades obligadas. A ellos se suman todas las islas de Baleares y Canarias.
En cambio, 50 ciudades obligadas por ley tienen implantadas actualmente las ZBE (un 32,7% del total), a las que hay que sumar las localidades barcelonesas de Gavà, Sant Joan Despí y Sant Adrià de Besòs, y otras 94 (el 61,4%) se encuentran en fase de aprobación.
El Gobierno persigue a las 'nueve aldeas galas'
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, comentó en un desayuno informativo organizado por Executive Forum España y celebrado en Madrid, que se ha constatado que "cualquier persona que vive en un espacio hiperurbanizado con emisiones especialmente del transporte, pero no solo del transporte, tiene una expectativa de vida sustancialmente menor que quien vive en un entorno natural".
Por ello, defendió que se pongan en marcha medidas para "preservar la salud de los ciudadanos de su entorno", algo recogido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con las ZBE.
"Este tema se ha elevado al rango de conflicto político en una especie de confrontación que me parece absolutamente absurda: que es confrontar la calidad de vida con la libertad. Yo creo que no conduce más que a un diálogo de besugos. ¿Qué mayor libertad hay que aquella que te garantiza una calidad de vida razonable y unas expectativas de vida mejores?", preguntó.
Morán indicó que aún quedan "nueve municipios recalcitrantes que están instalados en el negacionismo" al no comenzar los trámites para implantar zonas de bajas emisiones.
"Ha habido herramientas normativas y herramientas económicas, tanto desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se han puesto en marcha vías de financiación para la renaturalización de ciudades, y desde el Ministerio de Transportes exactamente igual", comentó.
Morán concluyó: "Pero cuando agotas todas estas vías y te encuentras con que, en contra del criterio científico y técnico, sigue habiendo quien considera que es más rentable no hacerlo, tienes que tomar la decisión de: ‘si usted no va a defender a sus vecinos, voy a hacerlo yo’. Y, entonces, el paso siguiente ya son las medidas coercitivas. Mejor el acuerdo, acompañarlo de medidas normativas y económicas".
