Política

Junts pretende blindar por ley un examen de catalán a los inmigrantes que pidan la residencia

Los de Carles Puigdemont negocian ya con el PSC una ley catalana de inmigración que permita el desarrollo de la delegación de competencias

  • Carles Puigdemont, Jordi Turull y Miriam Nogueras, de Junts -

Junts per Catalunya quiere blindar por ley que los extranjeros que opten a la residencia en esta región conozcan el catalán. El partido de Carles Puigdemont, que esta semana alcanzó un acuerdo con el PSOE para delegar las competencias exclusivas del Estado en la Generalitat, pretende que una futura ley catalana de inmigración que lleva varias semanas trabajando, incluya como requisito un examen que determine el grado de conocimiento de la lengua regional.

En el partido liderado por Puigdemont, que ha defendido en distintas ocasiones, desde que se conoció el acuerdo, que el conocimiento del catalán debe ser un requisito imprescindible para otorgar un permiso de residencia a los inmigrantes que lleguen a Cataluña, son conscientes de que más allá de su voluntad existe una evidencia palmaria. Y es que no son ellos, sino la Generalitat del socialista Salvador Illa, la que tendrá que aplicar la delegación de competencias que Sánchez le ha regalado a Cataluña.

Es por eso que la formación independentista, para dar cumplimiento a su exigencia, esté negociando con los partidos del Parlament, especialmente con el PSC, la aprobación de una ley catalana de inmigración que determine la forma en la que se aplicará la delegación de las competencias.

En Junts hablan de "herramientas parlamentarias a nuestro alcance" para referirse a esta opción, que restaría poder al gobierno autonómico y lo daría al legislativo catalán. Una ley en la que se establecería la obligación de realizar una prueba de conocimiento del idioma a través de las Escuelas Oficiales de Idioma de la Generalitat. De no superarla, explican fuentes de Junts, "se denegaría el permiso".

Los plazos para facultar a los ayuntamientos

Aunque inicialmente será el Govern, el que reciba la delegación de las competencias por parte del Gobierno, si antes el PSOE recaba los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados, los de Carles Puigdemont quieren que sean los ayuntamientos los que desarrollen este nuevo marco normativo. JxCat se la juega electoralmente con la Aliança Catalana de Sílvia Orriols, con un discurso muy duro en esta cuestión, y con un crecimiento exponencial en todos los sondeos que se han hecho en los últimos meses.

Los planes iniciales de Junts pasaban por llevar al Parlament de Cataluña esta nueva ley a lo largo del primer trimestre de este año. Algo que, debido al retraso sufrido también en el acuerdo con Moncloa, que estuvo a punto de saltar por los aires a principios de año, será imposible. Desde el partido de Puigdemont confían en encauzar un principio de acuerdo para el texto normativo a lo largo de los próximos meses. Todo con el objetivo de preparar a la Generalitat para cuando el gobierno autonómico asuma las competencias en materia de inmigración.

El PSOE rechaza la imposición lingüística

El PSOE, que firmó la nota de prensa y la proposición de ley en la que Junts exigía a los inmigrantes conocer el catalán para poder ser regularizados en Cataluña, dice ahora que saber hablar y leer catalán "no es un requisito" para dar residencia a los extranjeros. Asegurando así, en contra de lo que han defendido los de Puigdemont en las últimas horas, tanto en público como en privado, que al pacto se le va a aplicar la normativa vigente en materia lingüística.

"La lengua no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona de nuestro país o para prohibir la entrada en nuestro país" aseguró, en una entrevista en Onda Cero, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Fuentes de Junts, sin embargo, afirmaron que desde el partido separatista quieren que el catalán sea requisito para dar residencia a extranjeros, si bien, asumen que es la Generalitat quien tendría que ejecutarlo. De ahí que busquen blindar esta cuestión a través de una ley autonómica.

 

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