Cataluña

Societat Civil Catalana: "El Gobierno y la Generalitat socavan los pilares del Estado democrático de derecho"

La asociación ha publicado un manifiesto en el que, entre otros asuntos, muestran su rechazo a una financiación privilegiada y singular para Cataluña

La asociación española Societat Civil ha cargado contra el presidente del Gobierno y de la Generalitat de Cataluña por "las continuas cesiones a las formaciones separatistas". "Junto con la implacable ofensiva gubernamental contra las instituciones del Estado capaces de impedir el intercambio mercantilista de favores políticos, subvierten la obligada neutralidad institucional y socavan los pilares del Estado democrático de derecho", señala. 

Societat Civil Catalana asegura que, mientras los españoles deben "responder ante la ley" por sus actos, el Gobierno y la Generalitat han adoptado como "estrategia de supervivencia la concesión de privilegios legales y políticos a una minoría parlamentaria que forzó el orden constitucional y que continúa trabajando en el desmantelamiento del Estado en Cataluña y contra la integridad territorial de España". 

En un manifiesto, la asociación afirma que la Ley de Amnistía, la "cesión incontrolada de competencias" y las continuas "expresiones de humillación" conforman "un pago político por parte de quienes son rehenes de condenados y prófugos". "Paradójicamente, en su momento de mayor debilidad social y parlamentaria, el chantaje del secesionismo cosecha un triunfo tras otro gracias al entreguismo de los gobiernos de España y de la Generalitat de Cataluña", continúa.

Ante esta "estrategia política que pretende aparentar una inexistente normalidad" que oculta "la gravísima situación de deterioro del marco de convivencia", la Junta Directiva de Societat Civil Catalana manifiesta que la clase gobernante "ha abandonado la defensa del bien común y del interés general" y que rechaza la agenda secesionista de los que consideran "gobiernos nacionalistas a la sombra".

Negociar con un prófugo asuntos de gobierno que afectan a todos los españoles, hacerlo fuera de territorio español y recurriendo a la figura de un mediador evidencia la ausencia total de valores e inexistencia de líneas rojas de los responsables".

"Nos declaramos contrarios a la cesión a la Generalitat de competencias reservadas al Estado, como el control de la inmigración y la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos. El vaciado de competencias y funciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ilustra la voluntad de acabar con la unidad territorial de España", explican.

"Negociar con un prófugo asuntos de gobierno"

"Negociar con un prófugo asuntos de gobierno que afectan a todos los españoles, hacerlo fuera de territorio español y recurriendo a la figura de un mediador evidencia la ausencia total de valores e inexistencia de líneas rojas de los responsables", añaden.

Societat Civil Catalana se opone, asimismo, a lo que tacha de "financiación privilegiada y singular para Cataluña a costa del resto de las comunidades". "Cualquier mejora del sistema de financiación autonómica debe beneficiar a todos los españoles; a los catalanes, también", señalan para añadir que "lo contrario atenta contra la igualdad entre los españoles":

Los catalanes no hemos recuperado ni uno solo de los derechos fundamentales vulnerados, durante décadas, por el régimen nacionalista".

La asociación insiste en la defensa de "la caja única" y rechaza "la plena soberanía fiscal y el desarrollo de una hacienda catalana que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos", algo que, considera, "sería una reforma de la Constitución por la puerta de atrás". Además, indican que Salvador Illa ha renunciado a "la oportunidad histórica de liderar una Cataluña libre de totalitarismos". 

"Los catalanes no hemos recuperado ni uno solo de los derechos fundamentales vulnerados, durante décadas, por el régimen nacionalista. La Ley de Amnistía y la sumisión a quienes abrieron un abismo entre catalanes ahondan en la herida de los constitucionalistas que vimos una oportunidad de justicia y reparación", continúa el manifiesto para concluir con un reclamo a los ciudadanos de que "den un paso al frente en la defensa del Estado democrático de derecho". 

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