La Sindicatura de Cuentas vuelve a poner en entredicho la gestión pública catalana. Después de que el organismo destapase la trama de presunta corrupción que afectó a Dirección de Infancia en la comunidad —que entre 2016 y 2020 favoreció a fundaciones privadas otorgándoles contratos y subvenciones de manera irregular—, ha detectado ahora "ilegalidades graves" en la financiación de la atención hospitalaria y especializada de agudos en los centros concertados por parte del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) en el año 2022. La 'conselleria' de Salud, durante esos años, estuvo en manos del neoconvergente Josep Maria Argimon, primero, y en las del republicano Manel Juncosa, después.
Principalmente, los "problemas graves de incumplimiento de la legalidad" consignados en el informe 'Sistema de contraprestación de los servicios de atención hospitalaria especializada de agudos prestados por los centros del SISCAT por cuenta del CatSalut, ejercicio 2022' se refieren a dos prácticas irregulares. En primer lugar, la sindicatura llama la atención de que la prestación de servicios por parte del Instituto Catalán de la Salud (ICA) por cuenta del CatSalut no siguen las directrices del contrato-programa recogidas en la legislación correspondiente. Y en segundo, revela que la firma de las cláusulas adicionales a los convenios suscritos entre el sistema de salud catalán y las distintas entidades del sector concertado se llevaron a cabo de "manera extemporánea, lo que las convierte en actos nulos de pleno derechos".
No en balde, el informe aprecia "falta de coherencia" entre los objetivos del sistema de contraprestación de la atención hospitalaria y las directrices definidas en el plan de salud oficial. Asimismo, señala que el CatSalut no ha justificado debidamente que algunos "servicios, dispositivos y programas específicos deriven de un plan de salud o de otros criterios de política sanitaria". De la misma manera, alerta de que en los convenios entre el departamento de salud catalán y las entidades proveedoras concertadas se agruparon varios centros en un solo convenio sin que ellos respondiese a "criterios objetivos o uniformes". En sus alegaciones, sin embargo, el CatSalut señala que sus acciones durante tal periodo se ajustaron a la normativa, calificando de "inexactas" algunas conclusiones del informe.
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