La inseguridad sigue siendo un problema de primera magnitud en Cataluña. Y, en consecuencia, la principal inquietud de los catalanes según los sondeos —empatando, en los últimos meses, con la crisis de la vivienda—. Para revertir el problema y, sobre todo, la percepción que tienen de él los ciudadanos, la 'consellería' de Interior se ha volcado en difundir los logras de vistosos macrooperativos como el Plan Kanpai, que lucha contra la multirreincidencia, o el Plan Daga, enfocado en terminar con la proliferación de armas blancas. Pese a ello, las cifras son tozudas. Esta misma semana, hemos conocido que, según un Índice de Criminalidad elaborado por Numbeo, Barcelona es la ciudad más insegura de toda España. Y, según datos del Ministerio de Interior de este año, el 60% de los municipios españoles con más delitos se hallan en Cataluña.
Ante esta situación, lo Mossos d'Esquadra arrostran la complicada tarea de darle la vuelta a la tortilla. Una operación que se antoja imposible sí, como ha denunciado el sindicato SAP-SME-FEPOL la gran mayoría de sus denuncias quedan sin efecto. Así, según ha hecho este colectivo policial, el 81% de las actas de denuncia levantadas por los cuerpos policiales catalanes terminan caducando o prescribiendo sin que lleguen a ser tramitadas. Denuncias frustradas que, recuerda el sindicato, incluyen infracciones graves como la tenencia ilícita de armas, el consumo de drogas en la vía pública o faltas de respeto a los agentes de la autoridad. En este sentido, el sindicato critica la ausencia de explicaciones por parte de Interior, pese a que hace diez meses que las solicitaron.
Entonces, relatan, la Dirección General de istración de la Seguridad (DGAS) se comprometió a realizar un seguimiento sobre la cuestión. Sin embargo, recientemente, el colectivo volvió a demandar explicaciones en el último Consejo Policial, descubriendo que el problema no solo no había mejorado, sino que seguía exactamente en el mismo punto. Estas disfunciones, que se saldan con la ausencia de sanciones para los que delinquen, comenzaron cuando el 'exconseller' Joan Ignasi Elena cambió el sistema de gestión hace un par de años por un modelo que se quería más "neutro" y "garantista", haciéndolo depender de los Servicios Territoriales Interior y no de la Dirección General de Policía, como hasta ese momento.
Falta de recursos e informatica anticuada
Ello, sin embargo, ha redundado en una tramitación harto deficitaria, denuncian. ¿El motivo? La falta de recursos del departamento de Interior, que el sistema informático TDSAN se ha quedado anticuado y los fallos de conexión con el aplicativo PICA. Siendo así, reclaman retomar la interlocución con la dirección, que se les informe del estado de la cuestión y, de ser necesario, retornar al modelo anterior.
"El esfuerzo realizado por los cuerpos policiales para retirar armas blancas de la vía pública con operaciones como el Plan DAGA —además, con retribución de horas extraordinarias— no puede verse perjudicado gravemente por este sistema de tramitación", manifiestan. Además, desconocen cómo actuar con las armas ilícitas incautadas una vez el expediente ha caducado. "¿Se tienen que devolver sin nos las reclaman?", se preguntan. Finalmente, urgen a Interior a actuar porque, igual que sus denuncias, la "paciencia del cuerpo también tiene fecha de caducidad".
