Montero no cuaja como candidata: crecen las alarmas en el PSOE-A

“Voy a ganar y vamos a ganar”, espetaba María Jesús Montero el 8 de enero, cuando hizo oficial su desembarco en Andalucía para dirigir el PSOE-A. Sin embargo, no esperaba que, a estas alturas, todavía no hubiese tenido el impacto propio de una figura de su talla.
Prueba de ello es que, justo dos meses después de su elección oficial como nueva y flamante secretaria general, no solo no ha conseguido siquiera recortar distancias en las encuestas, sino que ha obtenido resultados peores de los que cosechaba Juan Espadas cuando estaba al frente de la delegación regional.

El último barómetro, publicado ayer miércoles por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación istrativa de la Junta, abordó el asunto.

En el primer sondeo público tras la llegada de Montero, el presidente Juanma Moreno volvería a ganar las próximas elecciones con el 42,2 % de los votos, con una horquilla de entre 57 y 59 escaños. En la otra cara de la moneda, el Partido Socialista andaluz pasaría de obtener el 23 % de los votos y reduciría su representación hasta los 25 escaños (en el peor de los casos), frente a los 30 que posee actualmente.

Desde que llegó al cargo, Montero ha trasladado a la militancia su apabullante energía política que el PSOE-A necesitaba como el comer. Lo cierto es que recogió un partido dividido y enfrentado por rencillas internas, tanto a nivel regional como provincial; lo ha sacudido, y ahora tiene lo que necesita para acudir con fuerza a las elecciones de 2026. Sin embargo, las ganas que traslada en cada acto al que acude no se han trasladado a la población.

Y eso lo está sabiendo aprovechar el Partido Popular, sobre todo al “atacarla” por sus múltiples roles políticos.

Ministra de Hacienda

En las 3.600 entrevistas realizadas para la encuesta no solo se preguntó por la intención de voto, también se abordó una de las cuestiones que la Junta de Andalucía ha utilizado como punta de lanza desde que, en 2024, se acordara para Cataluña una financiación singular, como parte del pacto entre el PSC y ERC para encumbrar a Salvador Illa como president.

Juanma Moreno ha recordado por activa y por pasiva que, con el actual sistema, Andalucía es una de las comunidades autónomas más perjudicadas, con una pérdida anual de 1.522 millones de euros. De hecho, en el año 2018, cuando Montero era consejera de Hacienda, impulsó un acuerdo en el Parlamento de Andalucía para reclamar al entonces gobierno del Partido Popular una renovación del modelo. Aquel pacto fue respaldado por el PP-A de Juanma Moreno. Siete años después, es el presidente andaluz quien ha retomado aquella exigencia de María Jesús, y ella quien no ha hecho nada en todo este tiempo.

Por este lado, el principio de igualdad que tanto defiende la titular de Hacienda se diluye. De hecho, el 56,2 % de los andaluces considera urgente reformar el vigente sistema de financiación autonómica para garantizar una asignación justa para las comunidades, frente a un 12,9 % que ve prioritaria la condonación de deuda propuesta por el Ministerio de Hacienda.

Puede prometer que habrá un cambio, pero la realidad es que el mismo PSOE que proclama consignas por la equidad entre comunidades es el que está con las manos atadas por las exigencias de los separatistas catalanes, sin los que no puede avanzar. Con ellos —de nuevo, Esquerra— también acordó la condonación de la deuda para Cataluña, que, en teoría, aplicaría para todas las comunidades autónomas.

Medida que el Ejecutivo andaluz considera profundamente injusta. “No es lo mismo el que se ha comportado responsablemente que el que ha tirado la casa por la ventana”, afirmaba Juanma Moreno. En esa línea, el último barómetro del Centra muestra que un 45,4 % de los andaluces valora positivamente el rechazo de la Junta a la propuesta del Ministerio de Hacienda.

Y eso que la ministra vendió la ‘quita’ a Andalucía como una oportunidad de oro, en la que podría eliminar 19.000 millones de euros en deuda. Sin embargo, ni la Junta la ha aceptado, ni la población, según la encuesta, lo ve como una prioridad.

Además, ya en clave nacional, el enfrentamiento protagonizado con el Ministerio de Trabajo para obligar a tributar el Salario Mínimo Interprofesional (Andalucía es una de las comunidades con más perceptores) no ayuda, ni tampoco la parálisis de los Presupuestos Generales del Estado.

El Ejecutivo no ha logrado sacarlos adelante y parece que tampoco lo hará este año. Esto también erosiona su imagen. El incumplimiento constitucional al que se somete el Ejecutivo no la deja bien parada, ya que ella es la principal negociadora del Gobierno de Pedro Sánchez, capaz de alcanzar acuerdos imposibles. Eso sí, no es la única responsable.

Intervenciones polémicas

Por si fuera poco, Montero ha protagonizado varias declaraciones que han generado controversia. Sus palabras tras la absolución de Dani Alves encendieron el debate en torno a su figura. Criticó que “todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos”.

Y aunque matizó sus declaraciones, añadió que la sentencia “le parecía una vergüenza”. Estas afirmaciones fueron duramente criticadas por el Consejo General del Poder Judicial, que en una declaración institucional tachó de “irresponsabilidad” que representantes políticos discrepen de una resolución judicial sin saber compatibilizar la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía.

Finalmente, tuvo que pedir perdón, aunque pidió la misma contundencia contra el Partido Popular, que también “cuestiona sentencias” o “les da igual lo que diga” el Tribunal Constitucional.

Otra de las más sonadas fue su ataque directo a las universidades privadas, donde llegó a afirmar que “se regalan títulos” y que los médicos formados en estos centros no ofrecen garantías. Todas estas declaraciones la situaron en el centro de la polémica y no en una posición positiva.

Una mochila pesada

Pero no solo es su presente lo que frena el ascenso de Montero en Andalucía. Su pasado como consejera de Salud y Hacienda durante los años del PSOE al frente de la Junta sigue proyectando sombras. Aunque ella no fue condenada ni imputada en el Caso ERE, su actitud hacia este escándalo ha sido interpretada como un intento de blanqueamiento a los dirigentes implicados, a los que sigue tratando con cercanía y respeto institucional. Esto contrasta con la indignación de buena parte del electorado andaluz, que recuerda aquel periodo como una etapa oscura de corrupción y clientelismo.

Además, su gestión de la sanidad pública andaluza tampoco despierta entusiasmo. Bajo su batuta se vivieron recortes, cierres de centros rurales y una creciente protesta del personal sanitario, que aún hoy guarda memoria de aquellas decisiones. Los sindicatos recuerdan que fue Montero quien implantó algunas de las medidas más impopulares del sistema de salud andaluz. Según Mareas Blancas, entre 2012 y 2018 se recortaron 16.000 millones de euros. Por eso mismo, choca que una persona que estuvo implicada en un retroceso de la calidad en la sanidad andaluza, ahora intente plantarse al frente de protestas como las del pasado 5 de abril en defensa de, precisamente, la sanidad pública.

Dos meses como candidata, plagados de confrontación con la Junta de Andalucía, marcados por el desgaste y demostrados por las encuestas. Todavía hay margen de maniobra hasta la campaña de las elecciones de 2026, aunque el pasado sea difícil de borrar de la memoria.

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