La extinta y malograda Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una entidad pública creada por la Junta de Andalucía en 2003 con el objetivo de luchar contra el desempleo, vuelve a las portadas de los diarios y noticieros. Al igual que en el año 2021, el escándalo judicial gira en torno a la mujer del ex secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, tal como señala un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El documento, entregado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, detalla además graves irregularidades en la contratación de al menos 85 personas, muchas de ellas vinculadas con altos cargos del PSOE andaluz. Una de ellas, Carmen Ibanco, esposa de Espadas.
Numerosas irregularidades
La UCO concluye que el proceso de contratación de Ibanco, licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales, estuvo plagado de irregularidades. Su contratación data del 1 de febrero de 2007 como Técnico de nivel E con un salario bruto mensual de 1.783 euros. No obstante, tan solo dos años después, fue ascendida a Técnico de nivel D sin que exista documentación que acredite un proceso de selección interno o una convocatoria pública, lo que le supuso una mejora salarial de más de 8.600 euros entre 2009 y 2011.
Según el informe policial, se subraya la circunstancia de que el currículum de Ibanco fue enviado directamente al director de Recursos Humanos de la fundación solo seis días después de que se publicara una oferta para el mismo puesto en un medio de comunicación. El hecho en si, no resulta como una cuestión clave, pero este dato revela un hecho clave, ya que el anuncio para el puesto de trabajo indicaba que las solicitudes debían enviarse por correo postal, mientras Ibanco lo hizo por correo electrónico. Esta opción no se contemplada oficialmente y revela el trato de favor inusual durante el proceso. Según el instituto armado, podría evidenciar una situación de ventaja desde el inicio del trámite.
El expediente de contratación revela además, otras carencias. El proceso selectivo en el que participó Ibanco ni siquiera abarcó solo las trece fases estipuladas por el convenio colectivo de la fundación. Tampoco se ha encontrado rastro de baremación curricular ni de una entrevista estructurada para todos los candidatos. La mujer de Espadas logró un puesto en la FAFFE con la única prueba realizada: una entrevista personal, y esta se aplicó exclusivamente a los finalmente contratados. La UCO considera que tanto la contratación inicial como el posterior ascenso vulneraron los principios fundamentales que rigen el a empleos públicos: igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Más de 80 contrataciones similares
El caso de Carmen Ibanco es solo una pieza más de un puzzle enorme que está lejos de acabarse. El atestado de la Guardia Civil examina en total 85 contrataciones similares: falta de procesos reglados, entrevistas realizadas solo a quienes acabarían siendo contratados, y uso exclusivo de una base de datos interna que impedía el a los puestos al resto de la ciudadanía. Entre los beneficiarios de estos procesos se encuentran familiares de antiguos altos cargos del PSOE, sindicalistas y ediles socialistas de distintos municipios andaluces. El informe señala que la Faffe funcionó durante años como una "agencia de colocación" para personas cercanas al poder político, incumpliendo sistemáticamente los procedimientos legales.
Algunos de los correos en los que se recogían pruebas de estas acusaciones, se puede constatar el trato de favor hacia destacados políticos socialistas, como el expresidente del Gobierno Felipe González. En él se leía:
“Hola M., te comento: A. J. A. M. A. (hijo de A. A., PSOE Sevilla), C. G. R. (sobrina de M. R. P. y B. F.), y hay que confirmar a M. F. F. (nuera de C. M., mujer de J. M. G. F. y, por tanto, cuñada de Felipe González). Junto con lo que te he puesto en la black es lo que hay que incluir mañana en el listado. Destruye el correo después de que lo hayas utilizado.”
Uno de los elementos más polémicos del caso es que tras la disolución de la Faffe en 2011 —decisión tomada por el gobierno autonómico entonces presidido por José Antonio Griñán—, sus 1.664 empleados fueron integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). A día de hoy, 482 de ellos continúan trabajando en la istración pública, y muchos han consolidado sus plazas a través de un proceso de estabilización de personal que ha generado aún más controversia.
La UCO no descarta que estas prácticas puedan constituir delitos penales. Además de los "enchufes", se han detectado complementos salariales no justificados, ascensos sin proceso formal y desvíos de fondos. Se trata un nuevo informe demoledor, que coincide en el tiempo con las filtraciones de audios asociados a Leire Díez, considerada como la 'fontanera de Ferraz' y que supuestamente buscaba desprestigiar precisamente, a la UCO y obtener declaraciones en contra de Víctor de Aldama.
En cuanto a la Faffe, ahora corresponde al juez instructor, José Ignacio Vilaplana, valorar los hechos y determinar si hay base suficiente para imputar a los responsables. Entre ellos, podría aparecer el Carmen Ibanco y afrontar un procesamiento por contratación irregular, al igual que el excalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres, que se le impuso una indemnización a la Junta de 359.973€.
alexmazallas
28/05/2025 21:48
Y el PP de moreno Nocilla ha mantenido a todos los apesebrados del PSOE que fueron enchufados. Son más de lo mismo