La dependencia también se le atasca a Juanma Moreno. Junto con la sanidad, ambos campos atraviesan una crisis estructural que ha llevado a Andalucía a situarse entre las primeras comunidades autónomas (CCAA) en listas de espera y en número de días para recibir la resolución de las ayudas a las personas dependientes.
En este cóctel caótico se mezclan diversos factores que influyen negativamente en los derechos de las personas mayores y con discapacidad. Estos son las deficiencias en la gestión autonómica y la falta de corresponsabilidad financiera del Estado. La puntilla ha llegado esta semana, cuando el Defensor del Pueblo Andaluz presentó su informe anual, situando la dependencia al frente de los asuntos sobre los que más se han quejado los ciudadanos. Además, la Cámara de Cuentas de Andalucía reveló el estancamiento de las residencias de mayores en el período 2021-2023.
Falta de financiación
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, mantuvo una reunión el pasado jueves con distintas asociaciones y entidades de Dependencia para trazar una hoja de ruta que permita cambiar este grave problema. Andalucía es la comunidad autónoma que ostenta el mayor tiempo medio en resolver y prestar las ayudas para la dependencia: 587 días. Un retraso que supera con creces los plazos permitidos por ley. Sin embargo, uno de los factores que contribuyen a esta situación es la financiación.
Lo cierto es que el Gobierno de España, desde el año 2018, ha aumentado significativamente su dotación económica al sistema de dependencia andaluz. Según los datos ofrecidos por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), el Ejecutivo de Sánchez ha incrementado la aportación desde 248 millones de euros (19,67%) a 729 millones (37,74%). La Junta de Andalucía, en cambio, pasó de 1.012 millones de euros (80,33%) a 1.203 millones (62,26%). Es un aumento reconocible, pero si se sigue lo estipulado por la Ley de Dependencia de 2006, el Estado y las comunidades deben sufragar al 50% los costes del sistema. Esta situación no se cumple en la región más poblada de España, aunque sí se ha logrado en el País Vasco, como se acordó este mes.
La Junta de Andalucía recrimina esta situación y ha solicitado al Gobierno en numerosas ocasiones que cumpla con su parte. También lo hace el presidente de la FOAM, Martín Durán, quien, en declaraciones a Vozpópuli, explicó que no pudo asistir a la reunión, aunque le hubiera encantado hacerlo para “criticar el sistema de financiación” y explicar a Montero la necesidad de aumentar la dotación a la dependencia “del 0,8% del PIB, al 2%”. A esta solicitud se ha sumado también el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (Cermi Andalucía).
Mala gestión e “incumplimientos significativos”
“Andalucía es la tercera comunidad que más financiación recibe en dependencia y, sin embargo, somos las que más tarda en resolver expedientes”, señala Durán. Esta es una de las conclusiones reflejadas esta semana en la gestión de las listas de espera para conceder plazas en residencias de mayores.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha presentado un informe que fiscaliza la gestión de estos centros propiedad de la Junta. Este órgano ha detectado “incumplimientos significativos” en los plazos establecidos para reconocer el derecho a la dependencia durante los años 2021-2023. En los 14 centros gestionados por la Consejería de Inclusión Social, apenas había 2.034 plazas libres, un 6% que no cubre la demanda ni logra llenarse completamente: 1.362, 1.364 y 1.377 plazas ocupadas en esos años.
Esta situación no ha sido capaz de equilibrar la balanza frente a una necesidad creciente. La lista de espera, según la propia Junta, afecta oficialmente a 4.198 personas, aunque si se consideran también a quienes tienen reconocidos los grados II y III de dependencia y están pendientes de asignación de plaza, la cifra real asciende a más de 18.000.
Por otro lado, los expedientes analizados muestran un altísimo grado de incumplimiento de los plazos legales. Casi el 72% de los informes de valoración del grado de dependencia se emitieron con retrasos, cifra que se eleva al 80% en la resolución del grado y al 66% en la incorporación al centro residencial. Más grave aún: en un 3% de los casos, los expedientes sufrieron demoras superiores a cinco años.
Crecen las concertadas
La saturación del sistema público obliga a muchas familias a optar por residencias privadas o concertadas. Mientras que las plazas públicas se han mantenido congeladas, las concertadas han crecido hasta superar las 21.000. Estos centros concertados alcanzan un 98% de ocupación, frente al 67,7% de los públicos, que según la istración autonómica, se debe a que varias de estas instalaciones “están en obras”. Sin embargo, la Cámara de Cuentas no comparte esta explicación y considera que no justifica la falta de planificación para garantizar una adecuada cobertura residencial.
Ante este panorama, la Junta de Andalucía ha anunciado varios planes de choque desde 2021, el último de ellos en marzo de 2024, que incluye la incorporación de más de 300 nuevos trabajadores para agilizar los procesos de valoración. Pese a estos esfuerzos, los resultados siguen siendo insuficientes, como lo demuestra el continuo aumento de las quejas, recogidas por el Defensor del Pueblo Andaluz.
Curiosamente, la Junta de Andalucía destinó casi 90 millones de euros al mantenimiento de las 14 residencias públicas, mientras que a las concertadas, gestionadas por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA), se destinaron 280 millones. “Venimos alertando de esta situación desde hace años”, explica Durán, quien recuerda las recomendaciones de la OMS: por cada 100 personas mayores de 65 años debe haber cinco plazas residenciales. En 2023, el último año analizado, había un déficit de 32.872 plazas. El presidente de la FOAM asegura que lo intentó: “Se lo comunicamos a la Junta, porque es la que tiene la obligación y las competencias en esta materia, pero ni caso”.
