El diputado del grupo mixto José Luis Ábalos ha presentado ante el Tribunal Supremo una nueva batería documental con la que pretende desarticular las acusaciones vertidas por Víctor de Aldama durante su declaración de este lunes. El exministro de Transportes remite al alto tribunal toda la documentación a la que hizo alusión en su comparecencia del pasado jueves en la que incluye, entre otras cosas, su información patrimonial, informes del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de la compra de mascarillas o pagos relacionados con el alquiler del chalet de La Alcaidesa.
Entre la documentación remitida, a la que ha tenido Vozpópuli, destaca una auditoría del Ministerio de Transportes en la que se recoge el informe pericial que el exministro socialista encargó para contrarrestar las conclusiones de la auditoría encargada por su sucesor en el cargo, Óscar Puente. La defensa de Ábalos incorpora a la causa también informes de las constructoras de obra civil y de Adif realizados por el gabinete del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible con el que se pretende "desvirtuar" la información que aportada por el comisionista de la trama al Supremo.
Ábalos sale en defensa de su hijo, Víctor Manuel Ábalos, mencionado por el empresario en un informe remitido por su defensa al TS. En este sentido, presenta al juez la escritura de la compraventa realizada por su hijo "con fecha muy anterior a los hechos objeto de investigación". Además, Ábalos con el fin de dejar por escrito lo que ya defendió en sede judicial en lo referente al chalet de Cádiz del que pudo disfrutar durante el verano de 2021 junto a su familia, incorpora documentación referente al contrato de arrendamiento y opción a compra de dicho inmueble. Los recibos del pago del alquiler corresponderían, por el momento, a los meses de mayo y junio. Además, añade el acuerdo resolución de contrato y devolución firmado en septiembre de ese mismo año.
El segundo archivador recoge "documentación auxiliar" entre la que se incluyen varias respuestas parlamentarias sobre la investigación, artículos de prensa y varias resoluciones judiciales sobre el procedimiento penal archivado que se siguió en un juzgado de Madrid referente al conocido como 'Delcygate'. El 'exnúmero dos' del PSOE incluye en su nueva batería documental las denuncias que él mismo interpuso como "consecuencia de las revelaciones a las que se vio sometido".
En la misma línea, y para defender su gestión al frente del Ministerio de Transportes, el exsecretario de organización del PSOE recurre a las comparecencias en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado de personajes como la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chiclano, el exdirector general de gestión de personas de Adif, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera (que fue señalada por Aldama en su declaración) y el exdirector general de Organización de Inspección del Ministerio de Transportes, Javier Sánchez Fuentefría.
Precisamente, este miércoles, el juez instructor Leopoldo Puente ha acordado solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad parlamentaria del exministro al apreciar "indicios bastantes" de la comisión de hasta cuatro delitos; integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El magistrado recoge en su auto que "ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados" de la posible participación del exministro socialista en los hechos "hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización de la Cámara prevista en la Constitución, que se cursará mediante exposición razonada remitida al presidente de la Sala Penal del Supremo para que le confiera el trámite correspondiente".
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación