La presión migratoria ha desbordado a El Hierro. La visita esta semana de una delegación de eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo ha servido para constatar una realidad que se repite: una isla pequeña, con recursos limitados, afrontando sola una crisis de dimensiones estatales y europeas.
En 2024, la isla de El Hierro, con una población estable de apenas 11.000 habitantes, recibió más de 24.000 inmigrantes. Hay 10 médicos disponibles para atender a un total de 34.000 personas (sumando población residente e inmigrante), y un hospital con solo 32 camas. En diciembre de 2024, se registró una oleada de 500 inmigrantes en un solo día, atendidos por apenas dos o tres médicos de guardia y el Gobierno central no cubre ni siquiera el coste de las horas extras del personal sanitario.
La presión migratoria se ha mantenido constante desde 2019, según los diputados locales. Durante este martes, los parlamentarios recorrieron varios centros de acogida de la isla, donde se encuentran cientos de inmigrantes recién llegados, incluidos un número creciente de menas. La isla soporta esa presión sin precedentes, derivada de su posición estratégica en la ruta atlántica procedente de África occidental.
Dolors Montserrat, eurodiputada del Partido Popular, reconoció que El Hierro "no puede seguir sola ante esta situación" y que la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo en junio de 2026 exige tener en cuenta la realidad de las regiones fronterizas. "Hay que escuchar la realidad. Qué mejor que venir y ver lo que está pasando en una isla que está colapsada", subrayó.
Atención a los menas
El punto más crítico es la atención a los menores inmigrantes, cuya tutela legal recae exclusivamente en las comunidades autónomas. El Gobierno de Canarias ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de un mecanismo obligatorio y vinculante de redistribución estatal de estos menores, pero hasta ahora la solidaridad de otras regiones ha sido voluntaria, insuficiente y desigual.
En lo que va de año, han arribado a El Hierro 6.213 personas de forma irregular. La ONG Corazón Naranja atiende junto a Policía y Guardia Civil a los migrantes que llegan a la isla desde 2002: han atendido desde entonces a 65.000 personas con 46 voluntarios, entre ellos, tres subsaharianos que tras obtener la residencia legal optaron por quedarse en la isla. A esta ONG la ministra de Infancia, Sira Rego, esta semana rinde visita en una isla donde el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha permanecido toda la semana con la delegación del Europarlamento.
La delegación comunitaria mantuvo este martes reuniones con el presidente canario, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, quienes volvieron a trasladar la urgencia de activar instrumentos eficaces que liberen a Canarias del peso de una crisis migratoria que afecta a toda España.
También se reunieron con representantes de Frontex, la Agencia de Asilo de la UE (EUAA), la fiscal especializada en menores de El Hierro y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado. En todos estos encuentros, se puso de relieve el mismo diagnóstico: una respuesta fragmentada, con competencias desbordadas y sin coordinación efectiva entre istraciones.
El presidente de la Comisión LIBE, Javier Zarzalejos, ofrece este miércoles una rueda de prensa para cerrar la misión con una valoración conjunta. Sin embargo, desde El Hierro ya se lanza un mensaje claro: la saturación no es solo una cifra, es una amenaza real a la cohesión social y al Estado de Derecho si no se produce un giro urgente en la corresponsabilidad estatal.
Así, para Raúl Acosta Armas, portavoz de Agrupación Herreña Independiente, asociado a Coalición Canaria (CC), fue tajante: "Estamos cansados de ser los más solidarios. Queremos dejar de ser la recepción de toda la inmigración". A su juicio, los intereses partidistas nacionales siguen bloqueando soluciones estructurales y dejando a las islas en una situación de abandono. "No hay interés general, solo cálculo político", lamentó.
